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Una nueva sentencia judicial defiende que las direcciones IP no sirven para identificar a las personas

El procedimiento habitual llevado a cabo a la hora de demandar a un usuario por descargarse contenidos protegidos por derechos de autor o ilegales en EEUU pasaba por que la distribuidora obtenía la dirección IP desde la que se bajaban los archivos y solicitaba judicialmente al ISP la identificación de la persona responsable de la contratación de la conexión a Internet asociada a dicha dirección, que automáticamente era considerada como responsable del supuesto delito.

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